Los padres de la Constitución tenían un modelo en mente cuando la escribieron. Probablemente visualizaban una democracia parlamentaria con dos partidos de centro (entonces, UCD y PSOE), uno a la izquierda (PCE), otro a la derecha (AP) y varios partidos nacionalistas de ámbito regional. En la España de las autonomías iba a haber dos categorías bien diferenciadas: dos o tres nacionalidades históricas, que fungirían como Estados cuasi-federales; y todas las demás, bastante más dependientes del gobierno central.
Pero el experimento cristalizó de forma diferente. Las listas cerradas y bloqueadas han dado como resultado una democracia más presidencialista que parlamentaria; el sistema de asignación de escaños ha reducido las posibilidades de formar gobierno a que lo haga el PP o lo haga el PSOE, normalmente con algún apoyo externo; el famoso "café para todos" ha logrado que todas las autonomías funjan como Estados cuasi-federales. En resumen, tenemos un sistema de 'bipartidismo imperfecto', 'federalismo imperfecto' y 'presidencialismo imperfecto' que hace años viene pidiendo a gritos una segunda transición. La Crisis nos ofrece una oportunidad histórica de "abrir el melón" y rediseñar el sistema con la clara finalidad de profundizar la democracia.
Del mismo modo que la “defensa de la competencia” debe ser la brújula para rediseñar y evaluar las intervenciones del gobierno en la economía, la profundización de la democracia debería ser la brújula para reformar la Constitución. El criterio de conseguir la máxima eficiencia del sistema, objetivo muy mitificado durante el s. XX, ha mostrado un par de fallas fundamentales. En lo económico, ha llevado a la soberanía de la oligarquía económica y en lo político, al gobierno de la oligarquía de partidos. Podría pensarse que, si esas son las formas más eficientes, merecería la pena seguir como estamos, pero se ha revelado una segunda falla: la estabilidad del sistema es precaria, está sujeto a crisis cíclicas cada vez más disturbantes; incrementa dramáticamente las desigualdades, lo que pone en peligro el equilibrio que lo hace sostenible en el tiempo; y ha terminado en la temible crisis sistémica que estamos experimentando.
Ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia de sacrificar un cierto grado de eficiencia para lograr sistemas de mayor resistencia moral y, por ello, más sostenibles. El criterio de eficiencia sigue siendo fundamental para ganar la credibilidad y confianza de los ciudadanos, pero no debe ser el criterio rector, es preciso conciliarlo con un grado de democratización que garantice la primacía de los intereses generales, sin que estos sean secuestrados por las susodichas oligarquías., como viene ocurriendo en esta nacionalidad canaria O esto, o nos dejamos de formalismos democráticos y adoptamos un sistema más o menos autocrático. Andar preñada a medias no es la situación más deseable para una comunidad.
La solución está en una mayor intervención ciudadana en el proceso político pero, al día de hoy, ningún sistema parece haberlo conseguido de manera eficiente.
El ciudadano no ve cómo influir en el proceso de forma sustantiva y, como consecuencia, se muestra cada vez más desinteresado. Profundizar la democracia significa no conformarse con la participación episódica, y cada vez más baja, de los ciudadanos; no permitir que la desmovilización sea el caldo de cultivo de los cambalaches económicos y políticos que se sustraen al interés general.
La mejor salida a este dilema es que el Consejo de Estado encargue a una comisión de expertos la reforma de la Constitución, con la participación de todos los grupos del arco parlamentario y sin excluir a las minorías que no estén incluidas en el arco parlamentario. La reforma, por supuesto, habría de ser sometida a referéndum.
Dicha comisión debería decidir:
- Si el bipartidismo perpetúa la oligarquía de partidos y qué reformas deben introducirse para evitarlo. Por ejemplo, que sea posible votar, en una misma papeleta, a candidatos de diversos partidos; promover la formación de gobiernos de coalición; etc.
- Si debemos ir o no a un sistema federal de pleno derecho. En todo caso, articular los poderes estatal, autonómico y local de modo que se termine el eterno conflicto sobre titularidad y transferencia de competencias y se pase a una dinámica distinta donde cada instancia de poder desconfía de y corrige a las otras; o sea, institucionalizar un sistema de contrapesos que limite las concentraciones excesivas de poder. La autonomía local es clave para desarrollar experiencias diversas, apropiadas a la idiosincrasia de cada territorio y, posteriormente, comparar notas y adoptar las mejores prácticas, estimular la competencia, la emulación, etc. Cuando la posibilidad de afirmar las diferencias reales se frustra, se produce el bucle melancólico, la afirmación de diferencias identitarias, el odio, el resentimiento...
- Garantizar la separación de poderes; especialmente del poder judicial, que está seriamente hipotecado a los partidos, con consecuencias nefastas, por lo que habría que buscas otra justicia y darle más protagonismo e independencia a la Fiscalía asemejándola a la existente en otros países más democráticos
- Institucionalizar una mayor participación ciudadana instrumentando mecanismos de democracia directa que sirvan de contrapeso a la actuación de los representantes electos. Por ejemplo, ampliando y legislando el tipo de cuestiones que deberían someterse a referéndum; principalmente, las grandes opciones sociales y estratégicas que debe tomar el país.
A la vista de todo esto, "Educación para la ciudadanía" se revela como asignatura fundamental en cualquier currículo escolar pese a las opiniones retrógradas de ese clero al que habrá que sujetar en corto, pues, en nuestra opinión se han desmandado y actúan dentro de la apología del terrorismo religioso.
Fidel Campo Sánchez
