El título de este trabajo: ¿Quién vigila nuestras costas? Es una pregunta que se hacen muchos ciudadanos a raíz de la llegada a nuestras costas procedente del Continente Africano de inmigrantes en pateras y cayucos, sobre todo cuando estas embarcaciones llegan sin ser detectadas.
El fenómeno de la inmigración ilegal ha suscitado una notoria controversia social desde el año 1996, aunque desde el punto de vista estadístico, en los últimos cuatro años, ninguno de estos inmigrantes subsaharianos y asiáticos permanecen en Canarias, en aplicación de la Ley 4/2000, llamada Ley de Extranjería, a excepción de los menores que quedan bajo custodia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Es importante destacar la reducción de la llegada de pateras y cayucos, actualmente nos movemos en cifras similares a la de los años 2002 y 2003, esto es debido a las negociaciones del Gobierno de España con los principales países emisores, como Marruecos, Mauritania, Senegal y Mali. También ha contribuido a ello, la instalación, todavía incompleta, del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), además del trabajo que viene realizando Frontex (Policía de Frontera Exterior de Europa).
Actualmente se encuentra en pleno funcionamiento el SIVE en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y, muy pronto, en La Gomera, El Hierro y Tenerife. Hay que tener en cuenta que esta tecnología de alta definición tiene sus límites en cuanto a la detección de embarcaciones a una determinada distancia. En ningún caso el SIVE exime a nuestro Gobierno de las responsabilidades de cumplimiento de los convenios relacionados con el salvamento en la mar.
Hay que destacar también que la instalación del SIVE en Canarias está contribuyendo, y muy pronto se verán los efectos en nuestra provincia, en la lucha contra el narcotráfico.
Dada la desigual aplicación de medios en la Región MSC (Mauritania, Senegal y Cabo Verde), en la búsqueda y el rescate en la mar, se debería de promover la implantación de acuerdos entre el Gobierno de España, los Estados que conforman dicha Región MSC y la Unión Europea, para compartir las obligaciones que actualmente asume en solitario el Gobierno de España, en aplicación de los Convenios: UNCLOS 1982, SOLAS 1974/78, SAR 1979 y FAL 1965, reduciendo, al menos, la responsabilidad del SAR (Servicio Aéreo de Rescate) en todo el territorio que actualmente presta en exclusiva.
Asimismo, sería conveniente establecer una barrera previa de vigilancia costera con medios propios de cada uno de los Estados MSC, lo que redundaría en eficacia y eficiencia de nuestros propios medios. Todo ello, dirigido a dificultar el flujo masivo de inmigrantes irregulares por mar hacia las Islas Canarias.
Podemos afirmar por tanto que la mejor vigilancia sería evitar que salgan las pateras y cayucos desde las costas africanas hacia nuestro Archipiélago, consiguiendo con ello que no se queden en el camino tantas ilusiones y tantas vidas humanas.
Son muchas las voces que se oyen cuando arriban a nuestras costas embarcaciones con inmigrantes, mostrando una preocupación desmedida, quizás por falta de conocimiento o información, cuando se dice: …si en los cayucos y en las pateras vinieran terroristas… Sería conveniente aclararles que tanto las Fuerzas Armadas, el CNI, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía tienen por ley encomendado la protección del territorio nacional, dándole la importancia que cada actuación requiera. Además, los Servicios de Inteligencia realizan un papel de gran importancia en materia de la Seguridad Nacional, tanto en los países emisores de inmigrantes, como estudiando en todo momento la posibilidad de la llegada de personas no deseadas.
Hasta ahora, los medios disponibles en España para la observación de la Tierra son los derivados del programa multinacional Helios II, donde participan con un tres por ciento. En la misma proporción, nuestro país, participa en el programa Pleiades, cuyo primer satélite estará operativo durante el presente año. Tanto uno como el otro utilizan sistemas de alta resolución, pero no cuentan con la tecnología radárica.
El pasado año el entonces ministro de Defensa, Jose Antonio Alonso, presentó el Pocam (Propuesta de Objetivo de Capacidades Militares). Este documento de Planeamiento de la Defensa está regulado por la orden ministerial 37/2005, y una de sus áreas está dedicada a la vigilancia y reconocimiento, obtención y elaboración de inteligencia. Gracias a este documento, España será el primer país de Europa que cuente con un sistema dual de observación (óptico y radárico) y de doble uso, civil y militar, para captar imágenes de la Tierra desde el espacio. Será a partir del año 2012, cuando se pongan en órbita la dos plataformas espaciales que incluyen el Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite, todo ello, fue firmado el pasado año por los Ministros de Defensa y de Industria del Gobierno de España y cuenta con un presupuesto de 325 millones de euro, que afrontarán ambos Ministerios. La combinación de estos dos satélites permitirá una cobertura de alta resolución de cualquier parte del mundo. Esta información irá destinada a usuarios civiles en gran medida, pero las imágenes que se capten también podrán ser utilizadas para fines de seguridad y defensa.
Si actualmente el Gobierno de España durante los últimos cuatro años ha mejorado las relaciones internacionales con los países de nuestro entorno, ha culminado la instalación en nuestro Archipiélago del SIVE, ha reforzado los servicios de Salvamento Marítimo, ha aumentado las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y está trabajando para poner en órbita dos satélites de uso civil y militar, la pregunta es muy sencilla: ¿Qué hicieron los Gobiernos del PP durante ocho años para vigilar nuestras costas?
