8.3.09

CORRUPCION INTOLERABLE

La detención del alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, dos de sus hijas y otras diez personas vinculadas al Ayuntamiento, la Diputación provincial y empresas inmobiliarias constituye un nuevo episodio de presunta corrupción urbanística por el que las instituciones se habrían convertido de nuevo en el cobijo del enriquecimiento fraudulento. Los delitos imputados distan de ser singulares, dado que los indicios acumulados por la Guardia Civil y la Fiscalía apuntan a otra trama más que se beneficiaba de la construcción, mediante la concesión de licencias ilegales de viviendas en suelo rústico de alto valor medioambiental.

La implicación en los hechos del alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, pero también del aparejador municipal y del adjunto al jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña, sugiere una inquietante porosidad de la actividad institucional ante la tentación delictiva. Una tentación que, como apuntan los casos de corrupción en el Estado y Canarias en particular, que es lo más nos preocupa se multiplicó en los años de bonanza urbanística al calor de una reglamentación que concedía amplísimos poderes a los ayuntamientos y de una política laxa por parte de los partidos en la erradicación del fraude en sus propias filas.

La decisión del PSOE de expulsar a todos los militantes del partido que sean acusados en el curso de las investigaciones supone una respuesta tan ineludible como necesaria para desactivar los gritos de ánimo con que algunos vecinos de Alcaucín despidieron ayer a su alcalde cuando fue arrestado. Una actitud que no por minoritaria deja de reflejar la condescendencia social que dificulta la identificación de estas prácticas delictivas en toda su gravedad, como un mal que corrompe la democracia; pero que también proyecta la indiferencia partidaria ante las evidencias de las presuntas irregularidades, que en este caso tuvieron que ser denunciadas por organizaciones ecologistas.

Las declaraciones de algunos representantes socialistas, argumentando que lo que define a un partido no sería tanto la existencia de corrupción como el modo en que se le hace frente -por comparación con la respuesta del PP en el 'caso Correa'-, no sólo alimenta, aunque sea indirectamente, el discurso de la tolerancia ante lo intolerable. También subraya la querencia de los partidos por anteponer la utilización de la corrupción como arma frente al oponente antes que procurar su radical deslegitimación.

 

 

FIDEL CAMPO SANCHEZ