El holgado rechazo este miércoles por mayoría absoluta del Parlamento europeo a ampliación de la jornada laboral que se pretendía ampliar hasta las 65 horas la semana laboral que haría retroceder prácticamente a la esclavitud, al trabajo de sol a sol, pactado por los gobiernos de
Esto supone un contratiempo para los Estados, es una opción para rectificar una decisión equivocada, aseguró el español Alejando Cercas del PSOE
La intención de los Estados miembros era convertir esa excepción temporal en definitiva, lo que haría que los trabajadores de aquellos países que la aplicasen pudiesen alargar sus jornadas hasta un máximo de 6º o 65 horas semanales, según los casos
El revés sin paliativos sufrido por el Consejo implica un mandato ineludible no sólo para renegociar la propuesta con el Parlamento, tal y como es preceptivo antes de que la misma decaiga si no es posible la conciliación, sino para que los gobiernos más favorables a la directiva, con el Reino Unido al frente, reconsideren tanto sus presupuestos como las excepciones que vienen permitiendo sobrepasar el límite actual de las 48 horas; excepciones que
Las necesidades y demandas derivadas de la globalización y del expansivo modelo de crecimiento económico de los últimos años podrían explicar una modulación al alza del horario laboral en sectores y empresas concretos y también en períodos determinados. Pero la pretendida identificación que establecen los defensores de la directiva entre la ampliación del tiempo del trabajo y el libre acuerdo entre empleador y empleado se sustenta sobre una premisa si no imposible de acreditar, sí cuando menos muy dudosa: que las relaciones en las que se basaría esa “libertad de opción” son lo suficientemente igualitarias como para que tanto la decisión del empresario como la del trabajador respondieran a intereses exclusivamente voluntarios. La imposibilidad de garantizar esa equidad, que encontraría aún más trabas en un período de fuerte desempleo como el derivado de la crisis económica, supone en sí misma un desequilibrio que cuestionaba el fundamento mismo de la directiva, rechazada en su momento por una inusual unanimidad por el Congreso español. Una directiva que ha tratado de establecer, además, una falsa vinculación entre la productividad y la ampliación de horarios, entrando en contradicción con las políticas de conciliación de la vida personal y laboral impulsadas en el seno de
El no del Parlamento a la directiva abrirá a partir de enero un período de “conciliación” entre la cámara y los Estados miembros que podría prolongarse hasta ocho semanas con el objetivo de alcanzar un acuerdo. De no logarse el acuerdo, la reforma del tiempo de trabajo podría decaer y seguiría en vigor la actual directiva “provisional” aprobada en 1993, por los gobiernos y que
Fidel Campo Sánchez
