3.2.09

DEBEMOS LOS CANARIOS UNIRNOS CONTRA LA DISCRIMINATORIA APLICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS


La aplicación del deslinde de la franja marítimo-terrestre de la Ley de Costas está creando una situación límite especialmente para muchos canarios que desde siempre han tenido sus habitáculos cercanos a ese franja que ahora están delimitando como pública para posteriormente ser dedicada a la especulación inmobiliaria del Turismo, donde generación tras generación han tenido su trabajo alternando pesca con agricultura.

La preocupación crece a medida que se conocen detalles, hasta el punto de que se consideramos se debe constituir una Asociación de Afectados por la Ley de Costas que afecta a cientos y cientos de familias, en Canarias, con la finalidad de evitar derribos de viviendas, eliminación de tradicionales varaderos de pesca o demoliciones de viviendas cual es el caso de lo ocurrido en Chovito, donde el alcalde Gumersindo mostró su poca talla política permitiendo la barbaridad que se cometió contra familias que tenían allí su única vivienda

La preocupación de los canarios ante la avalancha de demoliciones es comprensible, porque se trata de una ley que se aplica con carácter retroactivo y que, en muchos casos, no va a proteger el litoral, sino a destruir un patrimonio familiar ancestral. El Gobierno de Canarias debe estudiar a fondo este asunto para evitar más daños irreparables. Así como es el caso de lugares que forman parte étnica y culturalmente de asentamientos aborígenes, desde antes de la conquista que deben conservarse por su gran valor histórico para lo cual es preciso tomar ya iniciativas para evitar la aplicación indiscriminada de la aplicación de la ley, lo mismo debería hacerse de manera global para impedir que una norma redactada con un fin loable se transforme en un elemento de injusticia y destrucción de riqueza y sobre todo si vemos como son respetados los graves ecolocidios perpetrados por las edificaciones turísticas en plena línea marítima, a los que, por el contrario se les respeta estableciéndose claramente diferentes varas de medir totalmente injustas en un verdadero Estado de Derecho que, por lo que vemos en el intento de “golpe” de un poder del estado, como el de los jueces, no es tal.

Fidel Campo Sánchez