El encuentro entre el juez instructor de un caso que afecta al primer partido de la oposición y el ministro de Justicia con motivo de una cacería constituye un hecho inconveniente, especialmente cuando se produce en medio de una violación sistemática del secreto del sumario y después de que el partido concernido hubiese denunciado públicamente la espuria utilización de las instituciones para arremeter contra él. En este sentido, lleva razón Mariano Rajoy cuando tilda tal coincidencia de obscena. Pero resulta más que dudoso que el PP cuente con base jurídica para recusar a Garzón como instructor de la causa, sobre todo si no logra personarse en la misma, y es excesivo que dicha formación rompa toda relación con el ministro Bermejo declarando formalmente finiquitado un Pacto para la Justicia que en realidad se encontraba bloqueado. La recusación de un juez exige causas objetivas que pudieran poner en duda su independencia, su imparcialidad o su sujeción a la Ley porque mantenga posiciones o represente intereses irreconciliables con el desarrollo de su papel jurisdiccional ante un asunto concreto, en este caso de corrupción masiva, de esa que tanto abunda y que nos ha traído esta débil Democracia, de todos aquellos partidos políticos que se han aferrado “interesadamente” a la democracia orgánica franquista de cuyas ubres muchos, la mayoría succionaran de aquella vaca que tantos estómagos gradecidos alimentó y ahora buscan “trabajo fácil” en las oficinas de empleo de los partidos políticos.
El encuentro en Jaén entre Garzón y Bermejo, con ser inoportuno e insensible a la imagen que los representantes de distintos poderes del Estado han de ofrecer, sobre todo cuando se pone en cuestión la independencia del Poder Judicial, difícilmente puede constituir un dato suficiente para que prospere la recusación. De lo contrario el recurso a esta última figura podría extenderse a un sinnúmero de procedimientos judiciales convirtiéndose en factor añadido de colapso y, sobre todo, de deslegitimación del sistema judicial. Por otra parte, la comprensible indignación que puede sentir el PP ante la serie de informaciones que le han situado bajo el objetivo de la opinión pública, respecto a las cuales la Fiscalía General y el propio Garzón han incoado diligencias, no debería conducir al partido de Mariano Rajoy a condicionar su papel de oposición radicalizando sus posturas frente al Gobierno. Entre otras razones porque el regocijo que éste puede sentir ante la calamitosa situación en que se encuentra el PP no se atenúa sino que se incrementará si Rajoy no varía el guión que venía interpretando para contraatacar con dureza, dando por acreditada la existencia de un complot gubernamental contra su partido que está por ver cuántos cargos públicos del mismo pudieran estar implicados. Mejor estuviera calladito, pues, podría servirle para hacer limpieza y afianzarse en su papel de dirigente al que, por cierto, no es deseado entre los suyos que están en la línea del aznarismo.
Fidel Campo Sánchez
