El impacto del creciente desempleo en las sociedades europeas ha propiciado que en algunas de ellas afloren reacciones sociales y políticas frente a la afluencia de trabajadores procedentes de otros países, miembros o no de la UE. Se trata de un fenómeno incipiente que podría extenderse especialmente en determinados sectores de actividad y en ciertas áreas geográficas cuestionando tanto la libre circulación de trabajadores en el seno de la Unión, como la acogida a dispensar a los extracomunitarios que cuenten con sus papeles en regla. Las huelgas desatadas en una refinería y en varias centrales energéticas británicas, reivindicando que los puestos de trabajo que se ofrezcan sean preferentemente para ciudadanos del Reino Unido, la disposición expresada ayer por la UE a revisar la directiva sobre trabajadores desplazados y la iniciativa legislativa del fascista Gobierno italiano para restringir aún más la presencia en el país de inmigrantes sin ocupación apuntan a la necesidad de un consenso sindical y político capaz de encauzar las tensiones generadas por un mercado laboral cada día más estrecho hacia una respuesta lo más común y democrática posible en el ámbito europeo.
La contratación de trabajadores en el seno de la Unión Europea no puede estar sujeta al supuesto privilegio que los nacionales de cada país tendrían respecto a la ocupación de los puestos de trabajo disponibles, siempre que se respeten las condiciones laborales recogidas en la legislación vigente en cada estado miembro o en sus convenios colectivos. A partir de ahí, la libertad de contratación no sólo beneficia a las empresas que logran a través de ella conformar las plantillas más idóneas para la realización de sus objetivos, favorece también a los trabajadores que pueden aspirar a empleos mejores o al desarrollo óptimo de su profesión. De lo contrario la legítima defensa del derecho al trabajo acabaría adoptando todas las connotaciones de una reacción xenófoba, como la subyacente en la nacionalidad canaria propiciada desde el Gobierno de Rivero y en las masas radicales del llamado independentismo. En otro plano, algo semejante ocurre con la inmigración. El establecimiento de cupos para la contratación en origen de trabajadores foráneos puede ser ineludible dado el fuerte retraimiento del mercado laboral. Pero las medidas que, como algunas de las preconizadas por el Ejecutivo intolerable y racista de Berlusconi y otras compartidas en el seno de la UE, pretendan un control restrictivo sobre la población inmigrante también pueden vulnerar, y de hecho vulnera los derechos humanos.
Fidel Campo Sánchez
