Las conclusiones aprobadas por la Comisión de Igualdad del Congreso han sentado las pautas sobre las que el Gobierno articulará la futura Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la cual está llamada a derogar el delito de aborto que pervive en el Código Penal y a reformar los tres supuestos de despenalización vigentes desde 1985 a través de una nueva normativa que combinará un plazo en el que las intervenciones se realizarán por decisión exclusiva de la mujer y, a partir de ahí, una serie de supuestos e indicaciones.
Será al Ejecutivo al que corresponderá fijar la literalidad del proyecto legislativo, aunque la propuesta refrendada por el PSOE y los grupos minoritarios, con la oposición expresa del PP, clarifica las intenciones de un cambio de tanto calado, que habrá de garantizar el objetivo de mayor seguridad jurídica que se ha invocado para promoverlo. Junto a ello, sería deseable que la tramitación de la propuesta redunde en un consenso más amplio o, al menos, en un debate lo más razonable posible, sobre la base de que la ley de despenalización asumida con mayor o menor convicción por las fuerzas parlamentarias constituye un suelo consensuado que rechaza la estigmatización de las mujeres que han decidido abortar acogiéndose a los supuestos legales, a los que tiene pleno derecho en uso de su libertad.
El Ejecutivo está obligado a que la nueva normativa no sólo modifique la regulación de las interrupciones del embarazo, sino que establezca en paralelo mecanismos efectivos para prevenir las gestaciones no deseadas. El incremento de los abortos un 10% sólo en 2007, el repunte detectando entre las menores de 19 años y las mujeres inmigrantes, y la evidencia de que una intervención tan desgarradora está utilizándose en ocasiones como sustitutivo de la contracepción han de derivar en un plan de actuación integral que corrija las evidentes lagunas que se están constatando en las políticas de educación sexual y planificación familiar, poniéndose a la altura del siglo XXI como en toda Europa y adaptándose a la circunstancias reales.
Fidel Campo Sánchez
