Después de haber dado una primera opinión respecto a la lectura de un artículo del periodista Rafael Lutzardo, deseamos abundar más en la clarificación hacia una funcionaria eficiente a la que, injustamente, se pretende descalificar.
La verdad es que parece increíble que en estos tiempos, una Administración moderna siga con los moldes viejos de siempre. Pasiones, codicias, egoísmos, ansias de mando y de fastidiar. ¡Así nos va! Al parecer el área de Recursos Humanos del Cabildo Insular, pretende instalar unos equipos de sistemas informáticos para controlar mejor el horario de entrada y salida de los funcionarios. Pues bien, dichos mecanismos colocados en período de prueba, han sido saboteados por los funcionarios y por los representantes sindicales, que han puesto el grito en el cielo, exigiendo el cese inmediato de Rosa Baena, funcionaria responsable del Área de Recursos Humanos, como hoy se denomina a las tradicionales jefaturas de personal.
En tanto en cuanto al perfil humano y conducta profesional de Rosa Baena, nada nuevo tenemos que añadir, no es suficiente conocer su trayectoria profesional durante treinta años en la Consejería de Sanidad, desempeñando la Jefatura del Servicio de Personal, razón por la Víctor Pérez Borrego, su antiguo secretario general técnico con Julio Bonis de consejero, la propuso para organizar dicha área en el Cabildo Insular.
La realidad pura y dura, no es otra que nos enfrentamos a un país en crisis, con más de tres millones de trabajadores en la Administración, que han crecido en 116.200 más en el año 2008 y que todos, por supuesto, cobran del erario público. Hay un descontento generalizado en la calle y a veces los propios funcionarios se sienten poco valorados por la sociedad, que los considera una especie de “parásitos”, con un alto grado de abstencionismo, que trabajan a ritmo lento, por tanto generando ineficacia. No obstante, se trata del único colectivo que en esta época de crisis puede permitirse el lujo de seguir solicitando créditos bancarios y de todo tipo para adquirir lo que quieran, porque sus nóminas son las más seguras. Y es que la estructura laboral en la que se mueven, es de tal complejidad, que nadie parece responsable de las tareas que desempeñan. Siempre hay alguien más arriba y en la cúspide de la pirámide están los cargos públicos, por cierto, muy vinculados a sus partidos políticos, a la silla que calientan con primor y a los que les han votado en las urnas, ¡pues hay que permanecer! Cuando surgen las críticas se libran de ellas, señalando que la Administración es un mastodonte difícil de manejar. El resultado obviamente, es que los políticos hacen lo que les da la gana, mientras los funcionarios se acoplan a los acontecimientos, avanzando lentamente y desviando responsabilidades, es por lo que abogamos por una Administración donde cada funcionario deba conocer con antelación los objetivos que tiene marcados. El sistema de evaluación y los resultados periódicos del seguimiento de su trabajo.
La eficacia y la eficiencia han sido recogidas como principios de actuación de la Administración, teniendo que servir con objetividad a los intereses generales de los ciudadanos que son los que pagan. En estos treinta años de marcha democrática, los funcionarios de carrera e interinos han discriminado. Se ha incrementado el personal laboral, muchos entran sin pruebas o con unas pruebas sencillas, pero está proliferando acceder por sentencia, a través de empresas públicas o privadas (Tragsa Visocan, Gestur…) la formula es entrar a trabajar en una empresa pública, pero la gestiona una empresa privada. Este sistema no cumple con los requisitos de igualdad, capacidad y mérito establecidos, pues la empresa privada cogerá al recomendado o al que le dé la gana. Luego trabajan mezclados con los funcionarios, realizando las mismas tareas. Para terminar demandado por vía judicial y entrando en la Administración por medio de sentencias que reconocen cesión ilegal de trabajadores, lo que obliga a nombrarlos personal laboral indefinido o contratación por fraude de ley, con lo que ese personal pasa a ser parte de la Administración. Este procedimiento en definitiva, ha sido y es una auténtica coladera, pues la empresa privada según se va desprendiendo de gente, vuelve a contratar nuevos recomendados (hijos, primos, hermanos, sobrinos cuñados y demás familiares, lo que es conocido como nepotismo) para que realicen tareas de funcionarios y así sucesivamente. De esta forma engorda la Administración, con plazas que se crean sin previa negociación, innecesarias y cuyos ocupantes, con el tiempo, además de ser los más conflictivos son los primeros en liberarse como representantes sindicales.
En resumen, de esta manera la Administración Autonómica Canaria cuenta con 56.500 funcionarios y la Administración Local (Cabildos y Ayuntamientos) unos 41.000 empleados. No podemos dejar de lado a esos sindicatos que defienden a capa y espada a los suyos, donde pululan personajes que tienen a vivir mejor, primero ellos que otros a veces a costa también de esos otros.
Cuando hablamos con nuestros hijos les aconsejamos como oficio menos idóneo, no ser futbolista, pues hay que correr mucho y sudar la camiseta, tampoco estudiar una carrera universitaria. Para nosotros lo mejor es ser funcionario y si consiguen ser laboral mucho mejor, ya que al no haber pruebas no es necesario esfuerzo alguno. Ahora bien hay que tener un buen padrino o realizar el trabajo de buscarlo y que no olviden militar en el partido político más en la cresta de la ola política, para resolver el futuro.
Concluyendo debemos reconocer que la valía de doña Rosa Baena es incuestionable habida cuenta que nos consta que en Sanidad es recordada con afecto y compañeros como el Director General de Salud Pública, Enrique Torres Lana o el Jefe de Servicios de Defensa del Usuario, Santiago Malpica Alcuello así lo manifiestan con frecuencia
Sin embargo no queremos concluir, sin dedicarle unas palabras de “felicitación” a Juan Manuel Santana, Director General de la Función Pública, por sus manifestaciones a la prensa en el sentido siguiente:
1.- “No creo que haya politización en la Administración en el sentido de designar incompetentes”. 2.- “No me ha llegado ningún caso de Mobbing”. 3.- “También sería bueno que los ciudadanos tengan en cuenta que los empleados intentan lo posible para que el servicio que nos ofrecen sea de calidad”.4.- “Pido a la sociedad que tengan confianza en sus empleados públicos”
Conclusión: los culpables somos los ciudadanos, los hijos de este noble pueblo canario, tan simpático, tan generoso por abandonar a la Administración y no haberla sacado de la pereza y el caos. ¡Hay que tener morro para descolgarse con lo que se descuelga Manuel Santana! Pero cuando se pierde la vergüenza, pasa lo que está pasando.
FIDEL CAMPO SANCHEZ
