Aborrecemos con todas las fuerzas con que podamos hacerlo, como cristianos y ciudadanos libres, la pena de muerte. En absoluto podemos estar de acuerdo con los que la reclaman clamando castigo y justicia. ¿Quién se cree tan capaz y tan digno como para decidir sobre la vida de otra persona? ¿El pueblo soberano? ¿El gobernador, del Estado con una llamada en el último segundo tan al estilo yanqui? Tampoco compartimos la tesis de quienes la piden motivados por un afán preventivo de atemorizar a otros ciudadanos e impedir así que se cometan los delitos más graves. Creemos en otros medios también eficaces -no discutimos que de orden menor- como la idea de pasar la mayor parte de la vida cumpliendo una pena privativa de libertad, pues, la cadena perpetua no sería aconsejable por equivaler casi a pena de muerte y el derecho constitucional lo la contempla
El derecho a la vida es un derecho fundamental de la persona en tanto en cuanto se encuentra recogido y garantizado como tal en las legislaciones democráticas o en
Hace pocas semanas el Estado norteamericano de Nuevo México abolía la pena capital «por miedo a evitar errores», tal era el sentir de su gobernador. No porque allá se piense que no es apropiada la pena de muerte sino por el temor de aplicarla sobre personas inocentes. En Argentina el nuevo régimen de justicia militar la ha suprimido, aunque es cierto que ya con anterioridad estaba prohibida en la justicia ordinaria local. En fin, parece que poco a poco va calando la idea de que, sea o no el mejor camino, la pena de muerte no debe ser consentida por los Estados, por las naciones.
Fidel Campo Sánchez
