La decisión del Banco de España de intervenir Caja Castilla-La Mancha en pleno domingo, avalada por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario, constituye una solución extrema y urgente ante los problemas que cuestionaban la viabilidad de la entidad y que han acabado frustrando su anunciado proceso de fusión con la andaluza Unicaja, el primero en afectar a dos entidades de ahorro de comunidades distintas. La excepcional iniciativa adoptada resulta inédita desde el precedente de Banesto de 1993, aunque esta vez se produce en un contexto fuertemente condicionado por la recesión económica y por las turbulencias que vienen socavando la estabilidad del sistema financiero. Son precisamente las dudas y preocupaciones que suscita un escenario tan incierto y sus consecuencias sobre los bancos y cajas españoles, por más que se haya subrayado su fortaleza, las que obligan a calibrar con cuidado las iniciativas que puedan repercutir en el sistema y en la mermada confianza de inversores, ahorradores y ciudadanos en general. El vicepresidente Solbes incidió ayer en que Caja Castilla-La Mancha no sufre ningún 'agujero financiero' que comprometa su solvencia, sino dificultades de liquidez que requieren de una intervención pública que calificó de «aislada» y con repercusión limitada. Pero la salida aplicada no sólo constata el fracaso de la operación con Unicaja sino cuestiona su propia conveniencia cuando al Estado no le ha quedado otro remedio, finalmente, que actuar para asegurar el futuro de la entidad y los ahorros de sus depositantes.
Resultaba comprensible que, conocidos los problemas que acechaban a una caja que el año pasado vio desplomarse su beneficio un 87%, tanto el Banco de España como el Gobierno trataran de buscar una solución, y hacerlo por una vía alternativa a la intervención pública a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Pero que ésta haya acabado siendo inevitable, forzando el relevo del Consejo de Administración de la entidad y un aval por parte del Ejecutivo de hasta 9.000 millones de euros para que la misma pueda cumplir con sus compromisos, deja en evidencia la gravedad de los escollos existentes y las razonables reticencias de Unicaja a la fusión, que debía contar con la anuencia de las instituciones andaluzas. Si la pretensión del Gobierno era evitar que una intervención desatara la inquietud sobre la solvencia de bancos y cajas, es más que dudoso que haberla adoptado tras explorar otro camino fallido haya logrado conjurar ese riesgo. Antes al contrario. El Ejecutivo no sólo ha de ofrecer ahora garantías suficientes de que la entidad intervenida responderá ante sus clientes y acreedores, y también sobre el porvenir de sus trabajadores y sobre la responsabilidad que hayan contraído los gestores sustituidos. Debe evaluar con rigor el estado en que se encuentran nuestro sistema financiero y pronunciarse con la exigible transparencia, y al finalizar esta opinión, después de las barbaridades de María Dolores de Cospedal, Secretaria Nacional del PP y las del irresponsable y ex ministro de Economía, señor Montoro, debemos felicitar al señor Rajoy, por su coherencia y lucidez apoyando y alineándose con el Gobierno en esta cuestión así como con el Banco de España en posibles fusiones de Cajas y Bancos pequeños y, por tanto, dejando fuera de juego a los que se llevan días echando miedos, para desestabilizar el Gobierno y perjudicar en gran medida al País, por esas siembras de desconfianzas sin justificación lógica, Ayer vimos a Rajoy más como hombre de e Estado que como aquel que se estaba dejando manejar por los que han querido defenestrarlo
Fidel Campo Sánchez
