La tensa espera que marca la evolución de los acontecimientos en torno al 'Alakrana' refleja los angustiosos equilibrios que debe guardar la intervención militar y diplomática española en busca de una salida al secuestro que garantice la integridad de los 36 tripulantes del atunero bermeano.
La detención de dos de los piratas implicados en el cautiverio parece haber actuado como un factor disuasorio a la hora de refrenar un eventual uso de la fuerza por parte de quienes retienen a los marineros; al tiempo que la petición de la Fiscalía para que ingresen en prisión por delitos tan graves como la detención ilegal, el robo con violencia y el uso de armas trata de evitar la impunidad que sigue rodeando la actividad de los corsarios. Que la Justicia española, que aún no tiene reconocido el delito de piratería, llegue a imputar y procesar a los arrestados supondría sin duda un avance ante los negativos resquicios que ofrece la dispar aplicación de la legalidad internacional y los distintos ordenamientos nacionales. Pero la persecución judicial del delito sólo será realmente efectiva cuando se logre anteponerla a la coacción, por ahora eficaz, de los piratas.
La posibilidad de que el secuestro se alargue, tal y como ha advertido la ministra de Defensa y vemos está ocurriendo , aconseja atemperar la diatriba política suscitada a cuenta de las medidas de protección que deberían adoptarse respecto a los buques que faenan en la zona. Las formaciones de la oposición tienen no sólo el derecho sino también la obligación de proponer todas aquellas iniciativas que consideren necesarias para atajar esta última situación de crisis o prevenir nuevos asaltos en las aguas cercanas a las costas de Somalia. Pero la mala saña mostrada por el PP, en boca de Rajoy y de la Cospedal a imputar responsabilidades al Gobierno por una supuesta omisión de su deber para con la seguridad de los atuneros del Índico resulta tan exagerada e indecente y de esos esquemas de mafia en las que se mueven los políticos, en esta ocasión la derechona, como perniciosa para un feliz desenlace del secuestro.
Porque las divisiones que se manifiestan en España resuenan en el Cuerno de África precisamente como motivos para encarecer el rescate de los tripulantes españoles del buque bermeano. Tanto el Gobierno como las fuerzas parlamentarias y los armadores cuyos barcos pescan en tan peligrosas aguas tienen la ineludible obligación de contribuir unidos a la pronta liberación del Alakrana. Pero junto a ello deben proceder a reflexionar muy seriamente sobre el futuro de esas pesquerías mientras la comunidad internacional no consiga garantizar un tránsito seguro por sus aguas.
Por legítimos y sentidos que sean los intereses de pesca en torno a la costa somalí, es necesario recordar que ese país, paradigma del Estado fallido, representa un problema para la seguridad global que va más allá del tránsito marítimo. De ahí que convenga tratar con la máxima responsabilidad el futuro de la explotación de unos magníficos caladeros que, casualmente, se encuentran en un área fuera de un mínimo control.
FIDEL CAMPO SANCHEZ
