El proceso electoral para renovar los órganos de gobierno de Caja Madrid ha provocado una pugna abierta entre las máximas instancias de poder político de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital en la que también aspiran a jugar un papel relevante, dejando a un lado, no contando para nada los accionistas que son los que tienen allí depositados sus dineros. La cúpula del PP y el Gobierno central activando una intensa agitación en torno a determinados candidatos para relevar al actual presidente Miguel Blesa. El choque de posiciones viene precedido de un dilatado contencioso entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ejecutivo de la Comunidad cuyo arbitraje acabó en manos de los tribunales en forma de recurso contra los nuevos estatutos interpuesto por el alcalde Gallardón, disconforme con su cuota de poder en el gobierno de la cuarta entidad financiera de España. La llamativa disputa entre sectores de un mismo partido buscando alianzas en el ámbito sindical e incluso en otras siglas para imponer su candidatura y la mención del actual vicepresidente del gobierno madrileño como presidente 'in pectore', revelan la excesiva injerencia del poder político a que está siendo sometida la entidad desmintiendo, en la práctica, los proclamados compromisos de impulsar una mayor profesionalización de las instituciones de ahorro que de ninguna manera deben continuar siendo manejados, desde las cúpulas políticas, por indecentes decisiones de los partidos políticos.
Esta lucha por el poder no favorece la consecución de un clima de estabilidad necesario en una Caja de Ahorros a quienes clientes y depositantes están demandando una gestión eficaz de sus depósitos e inversiones y la sociedad exige una fluida actividad crediticia hacia pymes, familias y empresas que ayude en la superación de la crisis y a no a luchitas internas de los del PP- Pilar-Mariano y PSOE. Porque buena parte de los problemas de orden financiero que están emergiendo en el sector de las cajas se ha gestado a partir de determinados proyectos impulsados por los gobiernos locales con una evaluación relajada de los riesgos. Pero tampoco la actual corriente de fusiones, con el peligro de desarrollar bancos regionales fuertemente politizados, constituye la fórmula más deseable para el futuro. No obstante, el poder político está obligado a promocionar a los cargos directivos a gestores profesionales, aunque ello redunde en un recorte de su influencia y merme su cuota de poder, por lo que consideramos necesaria que estos entes económicos sean totalmente alejados de las influencias de los políticos y pasen a ser dirigidos por los empleados y los imponentes, y como el resto de la banca por el Banca de España y así en esta nacionalidad Canaria hubiéramos evitado la fusión de Caja de Canarias con la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón o del Opus, una “excelente” manera de hacer nacionalismo-soberanista canario.
FIDEL CAMPO SANCHEZ
