Es evidente que cuando en la prensa diaria, tanto digital como de papel, leemos la opinión, oposición de el ex primer teniente de alcalde de nuestros Ayuntamiento, don Domingo Medina Peña, sobre la no conveniencia de adquisición de las instalaciones cuarteleras del Ejército, por parte del Consistorio que preside don Fernando Clavijo, por un importe de 14,3 millones de euros deja meridianamente patente su acertado planteamiento sobre la ubicación de nuevas y existentes facultades y que a quien corresponde buscar las parcelas y financiaciones no es precisamente al Ayuntamiento de La Laguna, sino a la Universidad de Canarias, en nuestra ciudad a la que muestra el desacuerdo y lo irracional de ir colocando facultades lejos de los Campus de Guájara y del siempre, existente en la ciudad.
Habida cuenta que la acertada opinión de este insigne lagunero respira amor y lagunerismo, por donde quiera que lo contemplemos nosotros, como canarios y laguneros de integración, se nos permitirá aportemos algunos datos históricos que podrían demostrar lo delicado e interesante del tema para un debate y que por parte del Ayuntamiento, como representante de la soberanía local, además, que nos resulta improcedente la compra del antiguo Cuartel de Artilleros de Montaña, por otra parte de grato recuerdo por la gesta de 1921, en la Guerra de África
Por tanto, debemos estudiar a fondo el tema sobre los datos siguientes:
1810. 28 de julio. Se produce el incendio y deja inservible el Templo y parte del Convento. Pero fueron las Cortes de 1821, las que prohibieron y cerraron todos los conventos. Dispusieron que quedase solo uno. Le corresponde al padre Tapia el cumplimiento del cierre y el traslado de los frailes que no se ex claustraron a La Orotava.
1837, Ley Mendizábal de 29 de julio. Se extinguen las Órdenes Religiosas y se incautan por el Estado los bienes de los Conventos Religiosos. Se dispone que la capilla del Santísimo Cristo, rehecha por la Esclavitud, pase al párroco del Sagrario de la Catedral (hoy Diócesis de San Cristóbal de La Laguna), por bula papal de Pio VII del 1 de septiembre de 1819).
En esta fecha se ocupa por el batallón de las milicias de La Laguna hoy Artillería de Montaña, lo quedaba del Convento, cuyo coronel fue Cristóbal de Salazar de Frías. En el transcurso de los años 1841, 42, 47,49 hasta que en 1863 son aprobadas nuevas Constituciones, en las que se recoge que la Esclavitud es la propietaria de los bienes como institución del Cristo.
En 1895, interpretamos que la Esclavitud, en definitiva el pueblo de Canarias, y en especial el lagunero son los legítimos propietarios puesto que existió un presupuesto por 2.028,85 pesetas para la construcción de un salón en la huerta anexa a la Capilla que forma parte de la propiedad.
Es a partir de la dictadura de 1936, consecuencia del golpe militar, cuando se militariza y se comete un latrocinio, incautando la propiedad y algunas dependencias (excluyendo la Iglesia) y el Ejército ocupa la casa de los esclavos como cuerpo de guardia, la huerta y, por supuesto, todo el entorno hasta el lindero de lo que conocemos como Camino de las Peras
Los tribunales de la dictadura,- la dicta blanda al decir de la esposa del dictador, Carmen Polo – aplicaban el principio anti jurídico de retroactividad, como campaña militar de exterminio y latrocinio de gran calibre y brutalidad. Hoy, transcurridos 73 años desde aquella incautación, requisa creemos llegada la hora que, por principios morales y vías jurídicas correspondientes, los laguneros, la esclavitud deben recuperar lo que es del pueblo y de ninguna manera del Ministerio de Defensa (el Ejército).
Fidel Campo Sánchez
