La satisfacción y el alivio unánimes por la liberación de los tripulantes del “Alakrana” dieron paso a un nuevo enfrentamiento entre el PP y el Gobierno, poniendo nuevamente en evidencia no ser un partido político de Estado que además acabó cruzándose con la polémica sobre el uso del sistema de escuchas implantado para intervenir las comunicaciones por orden judicial. El despropósito llegó a tal extremo que mientras Mariano Rajoy pedía la reprobación de De la Vega, Chacón y Caamaño, la vicepresidenta acusaba al PP de connivencia argumental con los piratas. La gestión del Gobierno del secuestro del “Alakrana” ha dejado un episodio especialmente confuso, el de la detención y puesta a disposición de la Audiencia Nacional de los dos piratas apresados por la Armada. La tardía explicación por la que De la Vega y la ministra de Defensa, Carme Chacón, atribuyeron la decisión al cumplimiento de dos de los artículos del acuerdo internacional que da carta de naturaleza a la Operación Atalanta no ha podido despejar todas las dudas generadas por una actuación equívoca o cuando menos un tanto timorata. De modo que ha llegado a distorsionar las relaciones entre el Poder
Ejecutivo y los titulares de la Audiencia Nacional, así como a enturbiar la ineludible coordinación entre los integrantes del Gobierno. Pero cuando la confrontación partidaria acaba suplantando a la cuestión de que se trata, y el ruido de la diatriba se vuelve ensordecedor, la opinión pública corre el riesgo de verse desatendida porque no se clarifica lo importante; y porque el problema deriva en una disputa que impide llegar a conclusiones operativas que, en este caso, permitan prevenir crisis como la del secuestro del “Alakrana'”
Sería deplorable que Gobierno y oposición se enzarzaran en una discusión tan interesada que acabase sesgando el debate sobre las causas del cautiverio, los límites del compromiso internacional que dio lugar a la Operación Atalanta, las medidas preventivas que puedan arbitrarse dentro del mismo, las iniciativas particulares que debería adoptar el Ejecutivo español y, no hay que olvidarlo, el grado de responsabilidad que cabe exigir a las compañías armadoras que operan en el Índico. Es imprescindible que Gobierno y oposición rebajen la tensión inmediatamente respecto al “caso Alakrana'” para que puedan hacerse oír cuantas propuestas traten de dar solución al endiablado problema de unas pesquerías sometidas al acoso pirata establecido en el caos somalí. Y cuyo futuro está en entredicho si requiere de una escolta permanente de la Armada o si continúa la industria del secuestro naval, que, en absoluto, podemos admitir que se utilicen infantes de Marina, según las pretensiones de los implicados en el caso Gürtel (PP) para proteger a los barcos de pesca cuya protección debe ajustarse a la Operación Atalante y el uso de sistemas privados a cargo de los armadores. En definitiva que el PP, hoy, no es opción de Estado.
FIDEL CAMPO SANCHEZ
