Este desgobierno de Canarias, por no decir de canallas y el Consejero de Presidencia y Justicia en particular, el ínclito señor Ruano, no hace sino sorprendernos. Otrora con el latrocinio del edificio que sirvió para la ampliación del “parlamiento”, Montaña de Tebeto y la Rayada que han servido para descapitalizarnos y ahora con una inspección médica sacada de la manga, para dejar en evidencia a los profesionales médicos de la Seguridad Social.
Hemos leído en la prensa que un inspector del Gobierno, investigará las bajas médicas de los funcionarios del Ayuntamiento benahorita de los Llanos de Aridane. Que según intuición propia no sería extraño que sea una experiencia piloto para ser trasladada a otras bajas por enfermedad en esta mamandurria. La fórmula consiste en la firma de un Convenio especial de colaboración con la Inspección de Servicios de Presidencia, para poder controlar, investigar, inspeccionar las bajas por enfermedad de los funcionarios municipales y, seguramente que en adelante a todo quisqui (individuo), a lo Torquemada o los procedimientos del pepero señor Soria y sus mariachis, por las bajas de supuestas enfermedades de los funcionarios municipales. A buenas alturas se pretende dejar fuera de juego y en evidencia a los profesionales de la Medicina de Los Llanos, en principio. Por lo que se deduce, la finalidad no es otra que tratar de controlar el cuantioso número de bajas de los funcionarios que se producen por enfermedades de todo tipo, habida cuenta que según se trata de justificar, en Los Llanos de Aridane se han producido, solo en la Policía Local, cinco bajas. La medida que venimos comentando se pretende hacer extensiva a unos 260 funcionarios, laborales y personal de convenios, en esa línea de reducir gastos en Sanidad y Educación.
Las inspecciones se llevarían a término en momentos puntuales en los que se sospeche que existen circunstancias anormales. Sería pues en ese momento cuando se desplazaría un inspector de la C.A.C , a la Isla o a las Islas, con un coste de unos 600 euros, entre desplazamiento y dietas (unas cien mil pesetas de las de antes) ¡Chico chollo!. Sería sometido el funcionario en sospecha a reconocimiento médico e incluso con personación en el domicilio del afectado.
Hace unos días el consejero de Empleo, Jorge Rodríguez, manifestaba a los diferentes medios que: “Hay que combatir el absentismo, como la economía sumergida y la corrupción Y es que hay más de 8.500 trabajadores de los 57.000 que tiene la comunidad”, ¡tamaña barbaridad!, que no acudan al trabajo cada día pues padecen depresiones, gastritis, gastroenteritis, molestias respiratorias y dificultades para la micción (uresis). Y añadimos que hay un grupo de funcionarios muy “cumplidores”, ¡eso sí!, que casi siempre suelen estar en su puesto de trabajo. Nos estamos refiriendo a funcionarios que ejercen su actividad pública como Titulados Superiores y han solicitado compatibilidad, con la actividad privada por cuenta propia, con horario compatible con el de su actividad pública, en aplicación de la ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades.
Nos referimos a unos señores que ejercen la profesión de abogado, médico, biólogo, arquitecto, ingeniero, perito industrial, aparejador…, que están en sus puestos de trabajo generalmente ocupados en “sus” actividades privadas, utilizan la ley Moscoso y todo tipo de permisos cuando necesitan la mañana y, todo con la oportuna resolución del Director General de la Función Pública, ¡que es un “Santo”, mientras que la Inspectora General de Servicios, no inspecciona porque es una “Beata”. Socorro. ¡Aquí en estos peñascos vivimos una orgía de corrupción!. Un verdadero desastre
