La denuncia formulada por el portavoz popular Esteban González Pons el pasado 4 de noviembre, acusando al Gobierno de utilizar abusivamente el sistema Sitel de intervención telemática de las comunicaciones, dejó en el aire una acusación y una crítica: que el Ejecutivo estaba vulnerando la Ley y que el uso de Sitel carecía de una norma que se adecuara a su capacidad de acceder a todo tipo de relaciones, a fin de preservar las garantías constitucionales recogidas en la Carta Magna. La mera existencia de un sistema tan sofisticado que puede captar y archivar todas las comunicaciones que se realicen vía telefónica -sean conversaciones, faxes, correos electrónicos u otros intercambios a través de Internet- suscita una lógica preocupación ante la posibilidad de que una herramienta tan poderosa como Sitel pueda ser utilizada fuera del control judicial. De hecho, sus características podrían hacer aconsejable un desarrollo legal que contemple la casuística a que pudiera dar lugar su uso. Pero esto no significa que Sitel carezca de un basamento normativo lo suficientemente garantista. La sentencia del Supremo que se conocimos ayer, desestimando el recurso de casación de dos condenados por la Audiencia de Orense que fueron investigados mediante la intervención de sus comunicaciones con el sistema Sitel, vino a confirmar que su uso cuenta con la pertinente cobertura legal, el poder judicial ya que son ellos los que autorizan el uso del mismo.
Por otra parte, los riesgos que entraña un poder de interceptación tan omnímodo se ven compensados porque el propio sistema permite supervisar el uso que se hace de él, incluso con más garantías que las que ofrecían los sistemas anteriores. Una vez conocido este último fallo del Supremo, es de desear que la agria trifulca en la que esta misma semana desembocó el asunto, teniendo como protagonista al propio ministro de Interior, no vuelva a repetirse; y que el tema se reconduzca hacia el consenso entre Gobierno y oposición en materia tan delicada. Porque si algún aspecto de la actuación de los poderes públicos ha de ser considerado cuestión de Estado, es éste que afecta tanto a la preservación de los derechos y libertades fundamentales como a la erradicación del crimen y que, si bien ahora no, porque lo que pretende el PP es anular las acciones que la Justicia ha emprendido en el caso Gürtel y que de salir adelante sus pretensiones todo quedaría en agua de borrajas. No obstante, hemos esperado a la celebración del último pleno del Parlamento y hemos visto, afortunadamente, como la impresentable y partidista pretensión del PP., fue estrepitosamente derrotada.
