El entrometido portavoz de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, ha fijado con su partidista claridad las consecuencias que para la práctica religiosa de los parlamentarios de confesión católica y, además, el pretender la implantación de la religión única del fenecido nacional catolicismo que, según él, conlleva la indisciplina religiosa a los que voten a favor de la reforma legal sobre el aborto. Les será denegada la comunión mientras no se retracten o no reparen su acción si ésta ha sido pública. ¿Hicieron lo mismo con Pinochet, Franco y…?. En absoluto pues, según este “ínclito” y los demás era por la gracia de Dios. ¡Blasfemos!
El anuncio concuerda con la posición que mantiene la Iglesia católica, esa que califica de sectas a las otros como si ella no fuera en si también una secta, en lo que entendemos como secta que es seguir a un líder, y que atañe directamente a sus feligreses. Y que se contradice con las normas de convivencia que rigen una sociedad abierta y pluralista. Convivencia que se basa en la autonomía de conciencia y pensamiento con la que obra cada ciudadano, incluidos los diputados y senadores. Éstos tienen un mandato popular y unos compromisos partidarios que asumen libremente, en un plano distinto al que, también libremente, optan por profesar o no una religión u otra adscribiéndose a su correspondiente doctrina. La sociedad abierta no obliga a ninguna de las creencias o iglesias jerarquizadas a adecuarse en sus principios a la conducta sociológica, al consenso político o a las mayorías que en cada momento gobiernan el país, pero si a lo que estos individuos de sotana no respetan que son las leyes del país. En todo caso, deberá ser el cargo público creyente quien opte por compatibilizar su fe con su función institucional, o por enfrentarse a la disyuntiva que pueda plantearle la doctrina eclesiástica que en ningún caso debe condicionar con el mandato popular que está muy por encima de la disciplina religiosa. Saber dar a Dios lo que es de Dios y al César (el Estado) es lo que se resisten a comprender todos aquellos que pretenden que vivíamos inmersos en aquellos años atroces de la dictadura en los que el que no asistía a Misa era fichado, calificado de rojo y en muchos casos sometido a juicios sumarísimos que contaban con la presencia de algún cura para, posteriormente, ser fusilado y enterrado fuera del Campo Santo. No y mil veces no más indecencias, señores de la Conferencia Episcopal que deben adaptarse, dentro de los valores, a lo que hacen otras confesiones religiosas, ¡muy respetuosas con las leyes del País y que en ningún caso, en estos 30 años constitucionales no hemos visto a ninguna enfrentándose en la calle y en los pulpitos al Estado, como viene haciendo el todavía nacional catolicismo.
