El dictamen no vinculante del Consejo de Estado, que avala la constitucionalidad del anteproyecto de ley que sustituye la despenalización del aborto aprobada hace casi un cuarto de siglo por una regulación de plazos, contiene elementos muy valiosos para encauzar un debate tan delicado en términos más razonables, consensuados y seguros jurídicamente. Frente a la censurable inhibición del Consejo del Poder Judicial, el órgano consultivo ha elaborado un informe que no sólo despeja dudas sobre la adecuación a
El aval de constitucionalidad del Consejo acota el margen de oposición del PP, ¡los del NO a todo Pero haría mal el Gobierno en escuchar sólo aquellas disposiciones más favorables a sus intereses, desoyendo o demorando al trámite parlamentario las propuestas que matizan el texto en aspectos controvertidos. Es lo que ocurre con la recomendación del Consejo para que los padres de las menores de 16 y 17 años sí sean informados, salvo causa de grave conflicto, de la intención de sus hijas de abortar, aunque deba prevalecer la decisión de ellas; una regulación más sensata que conectaría mejor con el sentir social. Pero el Ejecutivo tampoco debería desatender las precisiones del dictamen que consideran el acceso al aborto legal no tanto un derecho específico de la mujer, como el derecho a recibir una prestación sanitaria adecuada; que le conminan a garantizar una información personalizada; o que sugieren que se aproveche este trámite para regular de una vez la objeción de conciencia a la que se agarra los cínicos, en nuestra opinión. Y las salidas en protesta de los fundamentalismos de
FIDEL CAMPO SANCHEZ
