La ayuda en vigor de de 421 euros mensuales a los parados que han agotado las prestaciones ha generado una enorme frustración en miles de desempleados que acudieron a las oficinas del INEM creyendo que podían beneficiarse de dicha medida. Tras el Consejo de Ministros del pasado 13 de agosto, en el que el Gobierno adoptó la iniciativa, sus responsables prefirieron confiar a la letra pequeña de la información aportada, y al texto legal publicado dos días después por el BOE, la condición de que sólo tendrían derecho a la citada ayuda los parados que agotaran la cobertura ordinaria a partir del 1 de agosto y hasta el 15 de febrero del próximo año. El explícito reconocimiento de tal carencia informativa por parte del ministro de Fomento, José Blanco, demuestra que el Gobierno sabe que se equivocó al celebrar una reunión extraordinaria en torno a los 421 euros para soslayar los límites de la medida que, por supuesto, sabrán rectificar habida cuenta que el rectificar es de sabios.
La decepción experimentada por los parados que habían agotado sus prestaciones con anterioridad al 1 de agosto ha servido para que partidos políticos y sindicatos se hayan mostrado más críticos con la medida que la semana pasada. La concesión de una ayuda de 421 euros a un colectivo de parados determinado por la fecha en que agoten la cobertura ordinaria supone una medida socialmente más justa que no aplicarla, especialmente en una situación de crisis. Pero al fijar la fecha de referencia el 1 de agosto, con cuatro millones de parados en España, se incurre también en un tratamiento injusto en relación a los desempleados que habían quedado sin prestación con anterioridad. Además, es posible que con la referencia del 1 de agosto queden fuera de la ayuda precisamente los trabajadores que perdieron antes su empleo, y que más dificultades puedan tener, por el sector al que pertenecen o por su propia cualificación profesional, para encontrar un nuevo puesto de trabajo.
La inclinación del gobierno del Estado a distribuir periódicamente un determinado monto del erario entre un segmento de la población puede contribuir a paliar alguna desigualdad, pero genera otras a las que el Ejecutivo no puede menos que atender. La ayuda de 421 euros sería más justa cuanto mayor fuese su retroactividad. Pero, dada la comprometida situación presupuestaria, ello debería basarse en un acuerdo de fondo en el marco del diálogo social, aunque da la impresión que se presenta muy difícil, máxime cuando ese PP se agarra a un clavo ardiendo con tal de hacer demagogia de todo, menos del caso Gürtel y la corrupción que les coge directamente, así como de las escuchas y espionaje en la Comunidad pepera de Madrid, que son la repera.
Fidel Campo Sánchez
