La suspensión de la búsqueda de Marta del Castillo en el vertedero sevillano donde su ex novio y presunto asesino aseguró que se encontraba su cuerpo, tras cambiar su versión inicial, ha sido interpretado por el condolido padre de la joven como un síntoma evidente del desamparo al que está conduciendo la investigación. Un sentimiento que seguramente no se ajusta a los esfuerzos que vienen realizando todos aquellos con competencia en las pesquisas para tratar de localizar a Marta, reconstruir con certidumbre los hechos que desembocaron en su más que probable muerte violenta y concretar las imputaciones penales contra los sospechosos; esfuerzos que se han visto sometidos, además, a un constante escrutinio público, el cual, más allá del derecho y deber de informar, ha contribuido a vulnerar el ámbito discreto de las averiguaciones emprendidas.
Pero el callejón en que parecen hallarse las mismas, y la frustración que supone constatar que los supuestos dueños del secreto -los cuatro imputados y aquellos sobre los que planea la sombra del encubrimiento- están burlando la pericia policial y judicial, hace entendible la indignada decepción de la familia Del Castillo, a la que la falta de resultados priva del duelo para poder encarar su drama.
Es obvio que, frente a la ilimitada capacidad exhibida por los acusados para enredar sus testimonios y sembrar la confusión, el Estado de Derecho sólo dispone de los instrumentos fijados por la Ley y de su compromiso para hacerla prevalecer. Pero esos instrumentos, como los posibles nuevos interrogatorios a los sospechosos, deben intensificarse para evitar la amenaza de impunidad que se cierne sobre el caso y otros que puedan estar en determinadas circunstancias y procurar un descanso al sufrimiento de padres y demás familiares.
Fidel Campo Sánchez
