El escándalo público desatado tras la revelación de los abusos cometidos por numerosos miembros de la Cámara de los Comunes en cuanto a las prerrogativas económicas de que disfrutan los parlamentarios británicos ha acabado poniendo en crisis la credibilidad de las instituciones. Credibilidad que sólo podría restablecerse si se depura la responsabilidad de todos y cada uno de los representantes que han hecho un uso fraudulento o censurable de su condición, y si la catarsis consiguiente desemboca en una convocatoria electoral a la que los interfectos renuncien a presentarse.
El hecho de que, según las informaciones periodísticas, haya muchos más parlamentarios laboristas que conservadores implicados en tan denostable proceder dificulta, además, que las medidas anunciadas por el premier Brown -tendentes a modificar el sistema electoral británico y, antes que nada, a la remodelación de su gabinete tras las elecciones europeas- puedan contribuir a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y en sus representantes que de hacerse realidad debían tomar buena nota los parlamentarios canarios.
Los excesos cometidos en la utilización del dinero previsto para los gastos de los parlamentarios no tienen otra explicación que la laxitud en el control de los mismos y la soberbia inducida por la notoriedad y el poder derivados de la representación pública. Problema que no podría disiparse con la dimisión anunciada por el '“Speaker” Michael Martin. La búsqueda de ingresos extras por parte de los miembros de la Cámara legislativa se convirtió y se convierte en España y sus colonias en un mecanismo de emulación de la fraudulenta conducta entre los mismos, de manera que su generalización actúa como factor eximente e incluso como justificación ética del despreciable comportamiento.
Pero la imprescindible rectificación de tal conducta por parte de los representantes políticos, cuya asunción de culpa es ineludible, debe ir acompañada de medidas que eviten nuevos escándalos. En el normal desarrollo de la legislatura, los próximos comicios tendrían lugar dentro de un año. Pero Gordon Brown y su partido, más afectados que los demás por la vergonzosa actuación de sus parlamentarios, deberían valorar muy seriamente si la crisis provocada no requiere un adelanto electoral, aunque sea a costa del interés electoral de los propios laboristas.
Fidel Campo Sánchez
