Pocas cosas funcional tan mal en España y sus posesiones coloniales- Canarias Ceuta y Melilla- como
La actividad de nuestros políticos es opaca, siniestra. Entran y salen del recinto, cuando quieren, ¡hable quien hable! Fueron votados en las urnas y les basta. Bueno, hasta que se acerque de nuevo la campaña electoral, entonces nos contarán nuevamente sus embustes y milongas.
A la política Canaria, le sobran cargos públicos y carece de gente bien preparada. De hecho se nombra para llevar responsabilidades, a personas que nada saben sobre las mismas. Así, vemos de una legislatura a otra, al mismo político. Eso sí, va rotando de área sin tener el más mínimo conocimiento. Por eso las cosas funcionarían mejor, si nombraran expertos en las materias asignadas a ese departamento, no alguien por pura cuota del partido. La conclusión es que sobra gente, habida cuenta que tenemos demasiados cargos públicos, que desempeñan el papel de intermediarios con firma, ya que al final quienes de verdad resuelven los temas, son los funcionarios y los técnicos que saben algo, ¡no crean que mucho!, a tenor de los resultados y las sentencias de los tribunales de Justicia.
La solución estaría en acumular competencias diseminadas, reduciendo vice consejerías, direcciones generales, asesores y tantos “laborales”, que son el resultado, en general, del amiguismo practicado a dedo, que tanto se utiliza por los políticos como si fueran médicos urólogos o ginecólogos. Los nombres y las personas, están en la mente de todos. Parecen haber nacido para ejercer esa actividad y ninguna otra, en la que estuvo hace años su progenitor, su hermano, primo, pariente. Hasta el punto que recordamos las afirmaciones de José Miguel Ruano, del Sanedrín de Vegueta de Las Palmas de Canaria, “ínclito” consejero de la presidencia, que afirmó:”cuando una cabra la haces funcionaria, deja de dar leche”
Conviene recordar que estamos sufriendo una fuerte crisis, derivada en tremenda inflación, mientras todos los cargos públicos y funcionarios, han tenido subida salarial para posteriormente enmascararla con congelación salarial. Esto la ciudadanía lo considera una tremenda vileza. La razón no es otra que, el salario mínimo de un trabajador es de 624 euros y el de un diputado de 3.996 euros, pudiendo llegar con dietas a 6.500 euros. Es impropio que un ciudadano, tenga que cotizar 35 años, para percibir una jubilación, mientras que a los diputados les basta con 7 años, y miembros del Gobierno, que solo necesitan jurar el cargo, para cobrar pensión máxima. Es impresentable que los diputados, sean los únicos “trabajadores” que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del I.R.P.F.
Es lamentable que sus “señorías” cuando cesan en el cargo, tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses. Es impropio que ex ministros, ex secretarios de Estado y altos cargos, cuando cesan son los únicos ciudadanos que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público. Es igualmente lamentable, que a un político, no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer el cargo. Encontramos verdaderamente indecente, permitir tanto “laboral” enchufado en
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