¿DEBATE ELECTORAL O DEBATE DE LA NACION ESPAÑOLA?

El debate sobre el Estado de la Nación española, que se centró en el cruce de intervenciones entre el presidente Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy- cada vez menos líder-, permitió desvelar cuáles son los propósitos inmediatos del Gobierno frente a la crisis, y cuáles las discrepancias y prevenciones que los mismos suscitan en los demás grupos parlamentarios. Pero lo deplorable fue que, una vez más, Rajoy se centró en la descalificación e el insulto ramplón impropio de quien pretende ser el presidente del gobierno que, a cada paso queda más y más auto descalificado. Mientras que y Zapatero prefirieron convertir el desarrollo del Pleno en un pulso político y personal, en esta ocasión ante un período tan crucial como el que desembocará en los comicios europeos del 7 de junio. La estridencia de los reproches mutuos en particular los de Rajoy recurriendo al insulto demuestran que carece de proyecto serio para abordar las soluciones y ahogó lo que pudo ser una discusión más desapasionada y constructiva respecto a los retos que deberán afrontar la economía y la sociedad española. La pugna entre ambos sí giró esta vez sobre los principales motivos de inquietud ciudadana -sobre todo, los cuatro millones de parados-, pero la animosidad desplegada impidió que la opinión pública pudiera extraer, como conclusión del debate, en qué están de acuerdo y en qué en desacuerdo las grandes formaciones españolas. Es cierto que la exposición inicial del presidente del Gobierno no daba pie a una respuesta tan desairada como la que Rajoy ofreció desde la tribuna del Congreso. Pero también que corresponde a Rodríguez Zapatero orientar las políticas frente a la crisis hacia un terreno de máximo consenso; opción que pareció despreciar al entrar en el cuerpo a cuerpo con el recordatorio de pasadas trifulcas con los populares que hicieron que la popularidad y el Si al proyecto Rodríguez Zapatero diera como resultado a favor del presidente de un 80% contra el alicaído Rajoy del 20%

A la espera de lo que la próxima semana den de sí las proposiciones derivadas del debate, la propuesta de un «modelo renovado de crecimiento», que el presidente del Gobierno desgranó en una amplia batería de medidas, permite albergar dudas, a la vez que ilusionantes y razonables esperanzas tanto sobre su viabilidad material como sobre sus efectos de cara a la reactivación económica. El reconocimiento final de que España necesita hallar un patrón de desarrollo alternativo constituye un punto de partida imprescindible para pergeñar el escenario óptimo de salida a la crisis. La inexplicable renuencia con la que Zapatero afrontó las primeras evidencias de la crisis financiera y su optimista interpretación de datos que sólo alentaban el pesimismo generó, en la sociedad española, una sensación de perplejidad que fue paliada con la participación del presidente en las cumbres de Washington y Londres del G-20, y en las sucesivas reuniones que en el ámbito de la UE fueron dibujando una programa común de estímulos fiscales. Todo ello, junto a la cerrazón mostrada por el Ejecutivo para revisar el cuadro macroeconómico y las partidas presupuestadas para 2009, lleva a valorar el plan avanzado por Rodríguez Zapatero como imprescindible en buena parte de su contenido, tardío en cualquier caso, y cuestionable en todo aquello que pueda resulta contradictorio para los del no por sistema.

La primera incongruencia se refiere a la pretensión de impulsar actuaciones que, tanto desde el punto de vista competencial como respecto a su financiación, dependen de las comunidades autónomas sin propiciar para ello un clima de entendimiento general. Pero, junto a esto, resulta también discutible la efectividad de determinadas medidas, como las orientadas a afianzar la industria automovilística o las relativas a la fiscalidad respecto a la adquisición de vivienda que creemos se quedó corto. Si la decisión de promover ayudas directas por una cuantía de 2.000 euros para tratar de reactivar la venta de coches revisa una política que venía siendo renuente a aplicarlas para un sector concreto, la supresión de las deducciones por hipotecas para quienes tengan ingresos superiores a 24.000 euros al año puede resultar comprensible e incluso necesaria si lo que se pretende es reordenar un mercado inmobiliario cuyo desplome amenaza con retrasar la superación de la crisis ; pero es más impredecible, aunque deseable, que vaya a estimular la compraventa de pisos hasta el punto de dar salida a los acumulados, al tiempo que podría provocar el efecto perverso de frenar una contención en los precios igualmente ineludible. En cuanto a otras propuestas, como la reducción del Impuesto de Sociedades para detener la sangría del desempleo, las planteadas en materia educativa o el nuevo recorte en el gasto, cabe deducir que el retraso en aplicarlas sólo ha contribuido a profundizar, en mayor o menor medida, las consecuencias del ciclo recesivo.

La persistente negativa del presidente del Gobierno a contemplar tan siquiera el debate sobre la reforma laboral y la falta de detalle con que Rajoy se pronunció sobre ella hurtaron a los ciudadanos de un contraste más preciso y responsable en una cuestión difícilmente eludible ante el crecimiento imparable del paro. La convicción de Rodríguez Zapatero de que el problema no radica en la legislación en materia de empleo, sino en el modelo productivo, conecta con la percepción de todos aquellos ciudadanos que puedan sentirse castigados por una crisis que no han desencadenado. Pero el Ejecutivo debe tomar conciencia de que resulta imprescindible encarar a estas alturas un debate sobre las relaciones laborales y los excesivos beneficios empresariales y de la banca cuyo adecuado encauzamiento podría coadyuvar a una salida más pronta de la recesión que nosotros vemos e interpretamos que al menos esa es la intención

Fidel Campo Sánchez