El presidente del Gobierno anunció su disposición a firmar «en las próximas semanas» un acuerdo con sindicatos y empresarios que siente las bases para reformar el modelo productivo español, una iniciativa que responde a lo anticipado en el Debate sobre el Estado de la Nación, en el que José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió, entre otras decisiones, a elaborar un proyecto de ley para la Economía Sostenible. Resultaría ingenuo esperar que los dirigentes políticos eludan los aspectos más sensibles de la crisis en la diatriba partidaria de cada fin de semana con motivo de la campaña de las elecciones europeas. Pero sí es particularmente censurable la inclinación de Rodríguez Zapatero, en tanto último responsable de la política económica, a utilizar los mítines de partido como escenario para adelantar algunas de sus intenciones; un marco que ni es el más adecuado para procurar el consenso, ni para calibrar el alcance exacto de lo que se propugna. En este sentido, uno de los interrogantes inmediatos que suscita el anuncio realizado por el presidente es si la premura en buscar ese acuerdo con patronal y centrales sindicales, en un momento además de estancamiento en el diálogo social, excluye promoverlo al tiempo en el ámbito político y parlamentario. Una cuestión del todo pertinente tras la ruptura escenificada por Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en el Pleno de la semana pasada.
Un objetivo tan ineludible y ambicioso como la renovación del modelo económico no sólo requiere de un superlativo esfuerzo colectivo. También que se asuma con realismo el lastre que las particularidades del patrón español -y, en concreto, su dependencia del sector de la construcción- suponen para la pronta recuperación de la crisis; que se reconozca que ese viraje resultará mucho más complicado en un contexto como el actual que si se hubiera emprendido en la época de bonanza; y que se delimiten los contornos del cambio. En este sentido, Rodríguez Zapatero da a entender que el pacto que promoverá con los agentes económicos y sociales, con la implicación de las autonomías y los ayuntamientos, no incluirá la reforma del mercado laboral en los términos planteados, entre otros, por la CEOE. La identificación que el presidente efectúa de esa reforma con el abaratamiento del despido supone una interpretación sesgada de un debate más amplio y profundo, que cada vez parece más difícil de soslayar en una coyuntura con más de cuatro millones de parados, pero que tampoco tiene porqué de redundar, necesariamente, en una merma de los derechos de los trabajadores. La pretensión de modificar el modelo productivo exigirá un diálogo comprometido y abierto también al disenso, que responda a una maduración rigurosa de los males singulares que aquejan a nuestra economía y de las ingentes medidas y recursos -más allá de iniciativas como la futura supresión de las deducciones por vivienda- que será preciso movilizar para superarlos
