La agresión de una niña de 12 años en la localidad onubense, concretamente en la playa de Isla Cristina, cometida presuntamente por siete menores , sobrecoge por sí misma, pero lo hace aún más al tratarse de la segunda agresión de estas características de la que se tiene noticia en apenas cuatro días. La terrible similitud que presenta este último caso y el denunciado en Baena (Córdoba), donde fueron arrestados otros cinco menores y un joven de 22 años por haber abusado reiteradamente de una chica de 13, sugiere la existencia de un problema social más allá de lo excepcional que resulten sucesos como los descritos. En ambos casos se ha producido un destrozo físico y psíquico cuyas secuelas pueden ser devastadoras para las víctimas, sometidas por quienes se habrían cobijado bajo el paraguas de impunidad que da la superioridad del grupo. Ello proyecta tal brutalidad, tal difuminación de lo que está bien y de lo que está mal, que bastaría para estremecer si sólo se hubiera producido una de las agresiones. Su reiteración habla de una trivialización de la violencia de raíces más profundas, en la que la emulación y la ausencia de compasión y culpa pueden actuar como catalizadores. Y que obliga a cuestionarse por la respuesta familiar, educativa, social y judicial que puede darse no sólo ante delitos consumados, sino para su prevención.
El hecho de que dos de los menores arrestados hayan quedado en libertad por ser inimputables al tener menos de 14 años, al igual que ocurrió con uno de los sospechosos de Baena y otro que sufre una deficiencia psíquica, reabre la controversia sobre si cabe rebajar la edad penal para hechos delictivos singularmente graves; polémica que ya afloró en la campaña de las últimas. Las garantías que definen el sistema judicial español, que debe armonizar la persecución del delito con el mandato constitucional sobre la reinserción del delincuente, exigen encarar un asunto tan delicado con mucha cautela y procurando consensos amplios.
Resulta aterrador que el Estado de Derecho tenga que encausar a quienes no tienen más edad que un niño por haber violentado de manera tan escalofriante a otro menor cuyos derechos han de ser protegidos ante todo. No obstante, el problema puede surgir no tanto de la literalidad de la ley como de su aplicación; y antes de ese estadio, de un ámbito doméstico, escolar y social quizás en exceso permisivos ante conductas adolescentes en las que asoma el germen de la violencia que no se podrá controlar solamente con normas penales si antes no existen normas educativas adecuadas.
FIDEL CAMPO SANCHEZ
