Se debatió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del nuevo modelo de financiación autonómica certifica el desbloqueo del largo y complejo proceso negociador iniciado hace dos años, cuyo resultado renovará el sistema pactado en 2001 y que había sido superado por las nuevas necesidades creadas en el Estado de las Autonomías; entre ellas, las derivadas de un incremento demográfico de siete millones de habitantes, factor determinante en la reforma de la distribución de los fondos públicos. El acuerdo encauza el camino para la ratificación parlamentaria y la aplicación de un modelo por el que el Gobierno ampliará hasta los 11.000 millones la financiación adicional; que destina el 80% de los recursos disponibles a asegurar la cobertura de los servicios básicos comunes, atendiendo al incremento poblacional y a variados criterios de ajuste; y que incrementa la corresponsabilidad fiscal de las autonomías. La alambicada fórmula diseñada por el Gobierno para conciliar los requerimientos del Estatut catalán y las reivindicaciones del resto de comunidades y el cuestionable modo en que ha planteado su propuesta, dejando en manos de cada autonomía la cuantificación de lo que va a percibir, han contribuido a complejizar un modelo que despierta interrogantes sobre su estabilidad y sostenibilidad. Y cuyo redondeo, lejos de cerrarse ayer, se abre a la negociación en las comisiones mixtas con cada comunidad.
La disparidad con que los gobiernos autonómicos han saludado la propuesta y la evidencia de que la vara de medir el nuevo sistema se ha reducido, en muchos casos, a las cantidades que se percibirán o a las que se aspira y a la relación de éstas con lo asignado a los demás -y singularmente a Cataluña- impiden calibrar el grado de coherencia del sistema y su capacidad para asegurarla. Pero el modo en que se ha conducido y resuelto la negociación política sí siembra inquietantes dudas sobre que el Gobierno haya logrado una mayor cohesión, aunque técnicamente el modelo reequilibre las percepciones de fondos 'per cápita' y tenga voluntad de corregir disfunciones. La abstención de las comunidades gobernadas por el PP en la votación de un total servilismo al partido y no en la defensa del electorado, que es a quién se debe por encima de fobias o sectarismos
Que el Gobierno, pese a todos, sacó adelante con el apoyo de los ejecutivos socialistas más Cantabria, Canarias(CC-PP) y Ceuta, evidencia la quiebra en la unidad y congruencia internas a la que se enfrentaba la dirección de Mariano Rajoy ante las dificultades para combinar su rechazo al modelo con la necesidad de fondos que precisan las autonomías, acuciadas por la crisis; autonomías sobre las que pesa además la cláusula introducida por el Gobierno por la que no se les compensará por el tiempo perdido si se descuelgan del sistema. Pero el Ejecutivo de Zapatero no debería utilizar ese aval forzoso para renunciar a su obligación de cerrar el pacto de la manera que mejor aúne los intereses del Estado con los de las autonomías que lo forman.
FIDEL CAMPO SANCHEZ
