En el Consejo de política fiscal y financiera celebrado el pasado miércoles 15 de Julio se aprobó sin ningún voto en contra la propuesta de acuerdo para la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía que se tendrá que remitir a las Cortes Generales en forma de Proyecto de Ley y una vez aprobada sustituirá a la Ley actualmente en vigor 21/2001 que ha servido para regular la financiación hasta el momento presente.
Soy consciente de que existe un elevado interés por cuantificar la cantidad de dinero que “llegará” a Canarias. En el presenta artículo soy incapaz de transcribir con rigor una cantidad por carecer de los datos al respecto y por tener el convencimiento de que quienes lo vienen haciendo corren el riesgo de transmitir una información poco fundada. Razonablemente pues, aquellos que esperan de mí una cuantificación al respecto se sentirán defraudados con la lectura de las líneas siguientes y les pido disculpas al respecto dado que mi intención es la de comentar algunos de los principios esenciales que inspiran la norma debatida y aprobada en tal Consejo.
Durante meses y meses hemos asistido a un largo debate acerca de la financiación autonómica; esto es, a la permanente discusión acerca de los mecanismos financieros con los que dotar de dinero a las Comunidades Autónomas para que puedan cubrir los servicios con los que atender las necesidades de los ciudadanos de sus respectivos territorios. La realidad derivada de mandatos constitucionales, es que las competencias y en consecuencia los servicios a prestar en sanidad, educación, dependencia..etc deben serlo desde la disponibilidad de los recursos financieros suficientes que alejados de tintes ideológicos atiendan solamente a los criterios de igualdad y eficiencia que son exigibles por la ciudadanía. La misma calidad de asistencia a un dependiente que reside en un barrio de las afueras de Barcelona que a otro que reside en Garafía.
Conviene que todos recordemos que las Comunidades Autónomas se nutren además de tributos propios, de la cesión de la recaudación de los del Estado y de transferencias que este les remite. Con relación a los tributos del Estado, el anterior sistema aún vigente hasta que entre en vigor el nuevo, establecía una participación del 33% del IRPF, 35% en el IVA (en peninsula) y 40% en los impuestos especiales. Ahora, estos porcentajes pasan al 50% en los dos primeros y el 58% en el último, mientras que el Estado sigue manteniendo la responsabilidad de la recaudación del impuesto de sociedades.
Me atrevería a afirmar como contenidos relevantes el que se establecen tres Fondos diferenciados. El primero que viene a ser la columna vertebral de la solidaridad, lo constituye el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales para todos los ciudadanos, independientemente de la Comunidad en la que residan y se destina a garantizar la igualdad para todos los ciudadanos en los servicios públicos esenciales, entendidos como tales la sanidad, la educación y los servicios sociales en su conjunto. El Fondo se dota con un 75% que proviene de la recaudación de los tributos cedidos (IRPF, IVA e impuestos especiales) y un 5% de transferencias del Estado; el fuerte peso específico de ese 75% conlleva el beneficio institucional de incentivar la responsabilidad de las Comunidades Autónomas con competencia normativa en el tributo en cuestión y así de sencillo, si baja los impuestos bajan los ingresos para atender tales servicios. Presenta una bondad ya que su distribución se lleva a cabo según necesidades de los sectores de la población y adaptándose anualmente a los cambios que experimentan tales franjas poblacionales. Se clasifican en siete grupos de edad, con especial atención a los menores de cuatro años, a los que tienen edades comprendidas entre 65 y 74 años y en otro grupo se referencia los que superan esta última edad.
Estimo que es menester destacar que la dotación para este fondo presenta la virtud de vincularlo a la corresponsabilidad fiscal y a que clarifica una circunstancia que hasta ahora ha sido objeto de permanentes críticas dado que en el nuevo modelo se toma en consideración la población como elemento esencial con lo que se pretende garantizar una financiación “per cápita” homogénea en todo el territorio nacional al menos en lo concerniente a lo referente a los servicios esenciales que se vinculan al estado del bienestar y a la vez se posibilita que el sistema se actualice periódicamente y en consecuencia ganando en equidad.
Tal como ha sido objeto de didáctica explicación la nueva norma aprobada sin ningún voto en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los nuevos criterios de reparto son más justos que los que han estado vigentes hasta el momento, algunos han puesto el ejemplo de que de cada cuatro euros recaudados en cada Comunidad, tres se destinan a ese fondo común de “garantía de los servicios públicos fundamentales” al que el Estado aportará un euro más. Y hay que decirlo con satisfacción, el 80% de los recursos del modelo se destinará a la solidaridad con el espíritu de que todas las Comunidades Autónomas proporcionen los servicios esenciales a sus conciudadanos en el mismo nivel asistencial y tal como hemos puesto de manifiesto con el planteamiento de reconocimiento de las diferentes necesidades según las edades; dado que resulta lógico el planteamiento de que a mayor número de menores mayor gasto en educación y a mayor número de ancianos más gasto sanitario.
En este nuevo sistema de financiación se aumenta la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas y en una primera aproximación puede decirse que a espera de conocer las cifras definitivas, el nuevo modelo cumple con los principios básicos que inspiran el federalismo fiscal. Se ha incentivado la correspondencia fiscal dado que hace depender buena parte del modelo de los recursos tributarios de las Comunidades Autónomas de los que básicamente les ha cedido el estado en desarrollo de los contenidos de sus respectivos estatutos de Autonomía. Además de ello y lo volvemos a reiterar, garantiza la suficiencia financiera de los territorios en forma muy acusada cuando se trata de los servicios esenciales a los que también hemos hecho referencia reiterada. Asimismo en la norma aprobada, integrada por casi ochenta folios se contienen diferentes instrumentos de solidaridad y convergencia entre las diferentes comunidades a través de los fondos de competitividad y cooperación.
José Segura Clavell
Diputado socialista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife
