Cuando se acercan las elecciones, los partidos políticos que concurren a las mismas desde una posición de gobierno intentan inaugurar todo lo posible. Una foto en esas circunstancias parece ser que es un eficaz estilo para engrosar la bolsa de votos. Cuantas más obras sean y más faraónicas resulten, mejor que mejor.
Los ciudadanos ya asociamos como consecuencia ineludible al supuesto de una convocatoria electoral los actos inaugurativos. De hecho, en cuántas ocasiones se rumorea que tal o cual obra se retrasa en su ejecución intencionadamente para hacerla coincidir con los comicios, o, a sensu contrario, que la misma se adelanta indebidamente, en acto de precipitación ridículo y vergonzoso la mayor de las veces. Este modo de proceder no hace sino mostrar la bellaquería que caracteriza a la mayor parte de la comunidad política. Sin embargo, no es menos cierto, puestos a depurar responsabilidades, última culpa la del pueblo soberano. Es decir, todos los ciudadanos que componemos la comunidad y que no sólo permitimos sino que legitimamos con nuestro voto todas estas acciones.
Hace semanas la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de la reforma de la Ley Electoral ha prohibido por acuerdo unánime en la campañas electorales generales -donde ya se había impedido-, autonómicas, municipales o europeas cualquier «acto de inauguración de obras, servicios públicos o proyecto de las administraciones». ¿Serán capaces de cumplirlo?. Lo dudamos
Dentro del procedimiento legislativo aún queda mucho análisis y debate para que esta prohibición salga adelante. Pero desde luego ¡Ya era hora de que se tomaran medidas! Aunque sólo sea por un poco de dignidad política, que no es pedir tanto, ¡Decimos nosotros!.
Fidel Campo Sánchez
