El comienzo de las rebajas de enero se convertirá, por segundo año consecutivo, en un baremo importante para tomarle el pulso a los efectos que la crisis está teniendo tanto en el comportamiento de los consumidores como a la hora de fijar precios en un país en el que la inflación se mantiene a la baja.
Pero al margen de los datos que vayan ofreciendo las primeras rebajas de 2010, parece evidente que la licitud de adelantarse a ellas con ofertas específicas constituye un factor que distorsiona la actual regulación del período que dará paso a la temporada de primavera-verano en el comercio al por menor.
Dando por supuesto que las inspecciónes de los diversos departamentos competentes será capaz de atajar aquellas irregularidades que puedan darse -bien mediante la producción de mercadería para rebajas, bien con la reducción fáctica de los derechos que asisten a los consumidores-, convendría que el sector comercial y las instituciones reflexionaran sobre el futuro real y legal de un período que tiende a extenderse y diluirse a lo largo de seis meses y que los pícaros de turno aprovechan para sacar sus stocks adornando su venta con múltiples vocablos comerciales para que podamos “picar”.
